Riesgo de que no se mantenga carácter civil en Guardia: expertos

Nota publicada el dia: 2019-05-15 | Por Redacción

Expertos en materia de derechos humanos expresaron su inquietud ante la posibilidad de que en las leyes secundarias que regularán a la Guardia Nacional -que se discuten en el Senado- exista el riesgo de que no se mantenga la vocación civil para esa corporación de seguridad, que se aprobó con la reforma constitucional en la que se creó.

Durante un parlamento abierto convocado por algunos senadores y no por el recinto legislativo en su conjunto, Tania Reneaum, directora de la oficina en México de Amnistía Internacional, acusó al Senado de no abrir el diálogo para discutir con la sociedad civil, organismos de derechos humanos y expertos el tema.

Recordó que en abril de 2018, el entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al secretariado internacional de AI en la que solicitaba la discusión, debates y colaboración con esa organización para diferentes temas. "Pero hoy, ¿la bancada de Morena (partido del actual mandatario federal) deshonra la palabra del entonces candidato? La Paz es producto del diálogo".

Por su parte, el coordinador de seguimiento a las recomendaciones y asuntos jurídicos de la COmisión Nacional de los Derechos HUmanos (CNDH), Rubén Pérez Sánchez, dio una serie de cifras que alertan sobre el riesgo que las fuerzas armadas se mantengan en labores de seguridad pública.

De 2015 a la fecha, dijo, la CNDH ha dirigido 19 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuatro de ellas por violaciones graves a derechos humanos; 20 a la Secretaría de MArina (Semar), tres por violaciones graves; y 33 a la Policía Federal (PF), de las cuales seis son por graves violaciones a las garantías fundamentales.

En ese periodo, agregó, en la Semar se han emprendido 15 procedimientos penales y diez administrativos contra el personal responsable de l os delitos, que se han traducido en cero sanciones penales y sólo cuatro administrativas; en la Sedena son 10 procesos penales y 18 administrativos, pero no hay ningún militar sancionado penalmente y en lo administrativo son 43; mientras que en la PF se han tramitado 20 procesos penales y 25 administrativos, pero hay cero sanciones penales y 12 administrativas.

Para el funcionario de la CNDH, las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional deben ser elaboradas por los legisladores de forma que se aborden y resuelvan los temas que eviten que las graves violaciones a derechos humanos cometidas por las corporaciones armadas se sigan presentando.

La directora de Amnistía Internacional México recordó que en abril de este año envió por correo electrónico sendos informes elaborados por la organización civil internacional en torno al uso de la fuerza y sobre detenciones arbitrarias (dos de las leyes secundarias de la GN son sobre el registro de detenciones y el uso de la fuerza) y sólo un legislador, Emilio Álvarez Icaza, respondió.

Reneaum confió en que los senadores, o al menos sus asesores, lean y consulten éstos y otros informes y propuestas para que en la aprobación de las leyes secundarias sean consideradas los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

En una segunda mesa de trabajo, Santiago Corcuera, quien ha ocupado importantes cargos en órganos de tratado y grupos de trabajo en torno a derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, destacó la importancia de que las normas reglamentarias de la Guardia Nacional mantengan el carácter civil de la corporación.

Elementos centrales, subrayó, serán el reclutamiento de los elementos que la conformarán y que en caso de que existan sanciones e investigaciones por violaciones a derechos humanos, se profundice en la cadena de mando, no sólo de quien dio la orden de actuación, sino de quien tenga el control efectivo de las tropas que actuaron.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, indicó que la estrategia en materia de seguridad pública infiere que con la Guardia Nacional se van a resolver todos los problemas en materia de seguridad que enfrenta el país, cuando los conflictos van desde ámbitos particulares como problemas entre vecinos o robos en transporte, hasta la delincuencia organizada.

Destacó la necesidad de fortalecer los órganos de procuración de justicia del país, ello debido a que hoy en día por cada dos agentes del ministerio público se tiene sólo un policía de investigación, cuando los lineamientos internacionales marcan que deberían ser al menos seis agentes investigadores por cada ministerio público.

Los expertos subrayaron que se debe cumplir con el artículo transitorio de la reforma constitucional que asienta que los elementos del ejército deben regresar en cinco años a sus cuarteles para dar paso a un control y operación civil en la Guardia Nacional. Sin embargo, alertaron que no hay un posible plan de transición en ese rubro, por lo que será necesario que en las leyes secundarias se re arce el carácter civil de la Guardia y los esfuerzos se dirijan a concretarlo.


La  Jornada

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