Herencias malditas

Nota publicada el dia: 2017-09-13 | Por Samuel Valenzuela

En estos días han recrudecido los efectos de herencias malditas del corrupto e incompetente PAN-Gobierno de Guillermo Padrés y que obligadamente corresponde atender y resolver a la administración encabezada por la gobernadora Claudia Pavlovich.

Primero, un grupo de productores de Granados, Huásabas y Villa Hidalgo, exigen al gobierno estatal, el pago de alrededor de 100 millones de pesos de adeudos por sus derechos de agua con los que el corrupto ahora en la cárcel, pretendió justificar el ilegal trasvase de la presa El Novillo a Hermosillo, a través del acueducto llamado Independencia.

Para recordar la faramalla del citado ratero, cuando dijo a los productores del Valle del Yaqui, que no tenían nada de qué preocuparse porque no sería afectada su dotación volumétrica anual, porque solidarios ganaderos de aguas arriba de la cuenca del Río Yaqui, habían cedido solidariamente sus derechos para quitar la sed a los hermosillenses.

Después nos enteraríamos que esos ingenuos productores habían sido timados por el “gestor oficioso” y dirigente estatal del PAN, Juan Bautista Valencia y que además no existía tal solidaridad, sino que se trató de ilegal mercadeo e ídem maniobra que avaló el entonces director de Conagua, José Luis Luege Tamargo.

Juan Bautista Valencia

Pues ahora ese grupo de productores, a quienes el gobierno de Padrés presuntamente compró sus derechos de agua y que de todas formas siguen en el padrón de usuarios y consumen el vital líquido en su actividad ganadera e incluso agrícola, aplican presión para que se les pague por el producto de un vil robo, en el cual tuvieron participación engañados como chinos.

Pero no crean que no todos ellos son ingenuos, porque su actual exigencia es parte de los pataleos con el que el PAN pretende levantarse luego de la ignominia padrecista, esfuerzo que también se realiza en Loma de Bacum, en donde los mismos que pretendieron reventar el vasto movimiento social en contra del Acueducto El Novillo, ahora se oponen al paso del gasoducto por territorio yaqui, incurriendo incluso en acciones terroristas y al asesinato.

Hasta ahora han sido vanos los esfuerzos de negociación y diálogo con el fin de convencer a esas rebabas del padrecismo, que a diferencia del acueducto, el gasoducto no representa ningún riesgo para la etnia, pero como se trata de otros motivos, se han empecinado hasta en evitar las necesarias reparaciones a los daños causados en ese tubo.

Pues este miércoles, las autoridades tradicionales de siete de los ocho pueblos yaquis, Guardia Tradicional, Pueblo Mayor y capitanes, firman un desplegado periodístico en donde palabras más palabras menos, exigen a las instancias de Gobierno se aplique cuanto antes el Estado de derecho en contra de quienes pretenden que la etnia rompa la alianza con la gobernadora Pavlovich y productores del sur de Sonora y fracase el esfuerzo conjunto para la gestión de más agua en lugar de repartir la que no alcanza a través del acueducto.

Rodrigo González

“Nuestros usos y costumbres no son cobijo de criminales y tampoco el territorio yaqui es refugio de delincuentes”, se establece en el comunicado, al señalar a los que calificaron como seudo académicos y seudo activistas sociales, con el respaldo de grupos armados identificados con el crimen organizado, han emprendido una estrategia de terror en territorio de la etnia.

Y ponen nombres y apellidos: Fausto Maldonado, Martín Valencia, Justino Romero, Guadalupe Flores, Higinio Ochoa, Rodrigo González, Anabela Carlón, Casilda Flores y Francisco Vázquez, a quienes responsabilizan de los sabotajes al gasoducto, abigeato, amenazas y demás, y a la vez deslindan de tales actos a la inmensa mayoría de la tribu.

Ya el 21 de octubre del año pasado, esa pandilla asesinó a una persona y para evitar más desgracias, los gobernadores yaquis exigen justicia al gobierno estatal y al gobierno federal y además autorizan la inmediata presencia de fuerzas de seguridad pública en su territorio para someter a la justicia a quienes califican como enemigos de la etnia.

A esa herencia maldita del corrupto e incompetente padrecismo, se suma la provocadora e irresponsable estrategia que proyecta ejecutar Gildardo Real este viernes en el ceremonial del Grito de Dolores en la Plaza Zaragoza y detectado este miércoles al mediodía y que consiste en la contratación de cholos para agredir a la gente, a través de un sujeto identificado como Sergio Luna, mejor conocido como “El Checo” en el bajo mundo del hampa panista.

Gildardo Real

Anda desesperada esa caterva de bandidos, cuyo cinismo ejemplar tuvo cabal expresión en la pasada sesión del Congreso del Estado, en donde de plano salieron con estupideces a través de la ya tradicional cursera cerebral que padece la diputada Célida López, pero una cosa es enojarse porque ya se sienten perdidos y desde ya quieren culpar a las instancias electorales de las derrotas por venir, pero otra cosa es atentar en contra de los hermosillenses que asistan a la fiesta cívica del viernes próximo.

Miren, Gildardo Real es capaz de cosas peores y no por nada se le reconoce como quien mejor aplica tácticas mafiosas al interior del blanquiazul, como cuando junto a otros corruptos como Javier Neblina, El Güerito Nieves, José Serrato, Perla Suzuki y demás, integraron una banda de malvivientes para atacar a quienes se movilizaban en contra del cobro de la tenencia vehicular y a los representantes de medios de comunicación que cubrían esas marchas.

Por supuesto que hay plena garantía de seguridad para quienes asistan al Grito y ser parte de esa fiesta cívica a través de elementales controles y sobrada presencia policial, operativo que deberá desestimular la canallada que pretende el citado sujeto o dado el caso, aplicar el rigor a quienes se atrevan a agredir a la gente.

Célida López

Por lo demás, ilustrativo el coloquial encuentro y diálogo del Auditor Mayor Jesús Ramón Moya Grijalva, con una docena de representantes de medios de comunicación y formadores de opinión, en el marco de un necesario intercambio de ideas y opiniones luego de la entrega al Congreso del Estado, del resumen de resultados de las cuentas públicas del Estado, de los ayuntamientos, de organismos y entidades, del ejercicio fiscal 2016.

“En lo que corresponde a las facultades del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, no tengo amigos ni contemplaciones”, subrayó quien a lo largo de 12 años se ganó el respeto profesional de cuatro legislaturas y que ahora está a cargo de un organismo cuyo sustento jurídico ha sido fortalecido como parte del Sistema Estatal Anticorrupción.

Salvo las reservas de ley para proteger derechos de sujetos obligados en tanto que los diputados den trámite a los dictámenes, Moya Grijalva fue prolijo en la información relativa a sus responsabilidades y al resultado del trabajo realizado a partir del 15 de mayo pasado, cuando rindió protesta.

Jesús Ramón Moya

Con facultades más amplias y una nueva visión de trabajo conjunto con ayuntamientos, estado y el resto de entes fiscalizados, se avanza en el objetivo de que la administración pública estatal cumpla con lo que la ley señala en materia del ejercicio del gasto, destacando además los plazos perentorios para la imposición de sanciones a quienes no lo hagan.

Ya en otra entrega abundaremos sobre la terapia que nos aplicó el Moya respecto a un tema de por si enredoso y solo para iniciados, pero valga asegurar que sin lugar a dudas, la fiscalización del gasto en Sonora está en buenas manos.

Opiniones

Comenta ésta nota

Su correo electrónico no será publicado. Son obligatorios los campos marcados con *